El Dr. Javier Arévalo señala que lamentablemente en nuestro país se está politizando la justicia y judicializando la política.
Doctor Arévalo, hemos visto que uno de los problemas críticos del Poder Judicial es la excesiva carga procesal en todo el país. ¿Qué se está haciendo para superar este serio problema?
La carga procesal se puede atender de dos maneras, creando más órganos jurisdiccionales y reduciendo la litigiosidad. La creación de órganos jurisdiccionales está sujeta a la disponibilidad presupuestal y la reducción de litigiosidad depende de modificaciones legislativas.
Estamos trabajando para superar esta carga procesal, pero les digo una cosa, que siempre vamos a encontrarnos en un desbalance entre la cantidad de causas, el trámite y la cantidad de órganos jurisdiccionales de resoluciones. Es decir, es un tema que no se puede solucionar de inmediato.
Si tuviéramos más presupuesto crearíamos más órganos jurisdiccionales, pero también es necesario precisar que necesitamos reformas legislativas. Yo le voy a poner un ejemplo que va a quedar sorprendido. Si usted a un trabajador de su empresa lo amonesta, sepa que ese caso puede llegar hasta la Corte Suprema. Eso es increíble, la Corte Suprema no está para resolver una amonestación. Hay casos que deberían terminar en otras instancias, por eso hay muchas demoras. Eso quiere decir que necesitamos reformas legislativas urgentes.
¿Ustedes podrían solucionar todo el problema aumentando la cantidad de jueces?
Aumentar los jueces y reitero, una reforma legislativa.
¿No cree que el problema no es la cantidad de jueces, sino la calidad de los mismos?
Ese es un segundo tema. La selección de jueces titulares lo decide la Junta Nacional de Justicia, no el Poder Judicial.
¿Usted no cree que para ser juez o fiscal se debería pasar primero por la Academia de la Magistratura, capacitarse al menos un año o dos para identificar quienes realmente tienen vocación?
Lo que pasa que en el Perú el modelo no es así. Actualmente se hacen los cursos para el ingreso, lo que llaman el famoso PROFA (Programa de Formación de Aspirantes de la Academia de la Magistratura). Lo que sucede es que los alumnos que aprueban el PROFA obtienen una certificación y esa certificación les da un porcentaje de puntos. Pero podría ser un modelo mejor.
¿Por qué tenemos jueces sabelotodo? El derecho es amplio y no estamos dándole prioridad a la especialidad.
Ese es otro tema. Nosotros creemos y estamos convencidos en la especialidad. Yo soy de la especialidad laboral, soy el primer juez de esta especialidad que llega a la Presidencia de la Corte Suprema en la historia. Entonces, el derecho, como usted lo ha dicho, es amplio. Hay distintas ramas y no puede haber un juez que sepa de todo. Sin embargo, a veces la necesidad y la falta de recursos humanos obliga a que algunos jueces sean asignados a áreas que realmente no corresponden.
Por eso, ¿no sería bueno un paso previo por la Academia de la Magistratura para salir con una especialidad?
El tema es que de la Academia no salen con una especialidad, por ahora; pero podría reformarse la función de la Academia y lograr eso. En España, por ejemplo, todos salen con dos especialidades, civil y penal, y van a esos juzgados y después de dos años los jueces pasan a una especialidad, no a lo social o tal cosa. Pero acá no, de la Academia simplemente sales con la certificación general.
¿Qué cantidad de jueces, de ser el caso, se requieren para reducir la carga procesal?
Es que tenemos otra situación. La carga procesal no es igual en todas las áreas. A veces se dice, ¡hay una carga procesal enorme! Sí, pero le voy a poner un ejemplo. Hay juicios penales, que son los más llamativos en que usted tiene un expediente con 20 o 30 procesados. De repente tiene un juicio laboral donde se tiene la reposición de un trabajador, o un juicio de desahucio donde hay un litigante y un propietario. Entonces la cantidad de jueces, más que decirlo así en macro, es decir cuántos vamos a necesitar para atender.
El sistema penal está sobrecargado y está sobrecargado porque el nuevo código procesal penal ha propiciado ello en un afán garantista, que está bien, pero también ha propiciado muchas demoras
La corrupción es otro de los problemas que aqueja al país y el Poder Judicial no es ajeno a ello.
¿Qué medidas se han tomado para reducir este flagelo?
Definitivamente, para combatir la corrupción hemos tomado medidas y estas medidas están ofreciendo resultados. Hemos destituido a 27 jueces de paz, y al día de hoy deben ser más, se han destituido a 35 auxiliares jurisdiccionales. Se ha pedido a la Junta Nacional de Justicia la destitución de 40 jueces especializados y superiores.
También se encuentra en el Consejo Ejecutivo procesos para pedir la destitución de 8 jueces especializados y 4 jueces superiores. Además se ha sancionado, con castigos menores a 37 magistrados con suspensión, 2 multas y 6 amonestaciones; jueces de paz 2 amonestaciones y auxiliares 47 suspensiones.
Es decir, este tema que en cifras no resulta aparentemente importante, sí es importante porque estamos impulsando la sanción de estos casos. Lo que sucede es que en el caso de los jueces de juez de paz letrado hacia arriba, quien impone la sanción, es la Junta Nacional de Justicia.