Recurre a la CIDH para entornillarse. Además, a García Sayán en evento internacional y a Colombia de Gustavo Petro para que, desde la ONU, se pida que no lo toquen.
En vista de que los “jueces a la carta” ya no pueden paralizar el funcionamiento fiscalizador del Congreso de la República, no solo la exfiscal Zoraida Ávalos y las ONG caviares acuden a organismos extranjeros para que los favorezcan, sino que ahora resulta que la gestión de Jorge Salas Arenas, titular del Jurado Nacional de Elecciones, ha acudido abiertamente a pedir el apoyo de funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas y de la misma justicia interamericana.
Tan poca es la consideración que el también juez supremo le tiene a la soberanía jurídica del Perú, que incluso ha conseguido el apoyo del polémico magnate George Soros, por medio de Diego García Sayán, quien ha sido el ponente estrella en un evento internacional en Lima. Nos referimos al mismo exministro García Sayán que emitió resoluciones secretas para liberar terroristas y que trabajó discretamente para la constructora brasileña Odebrecht, principal actora del caso Lava Jato.
Ante las sucesivas derrotas que abarcan los fueros legales y políticos a partir de las decisiones del Tribunal Constitucional (TC), la prensa de dicho sector, asustada, asume la defensa de Ávalos, Salas Arenas y otros, como Martín Vizcarra, con base en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA emitidas en un comunicado de prensa que vio luz este miércoles.
No obstante que el Poder Legislativo puede investigar, juzgar y sancionar, con penas de suspensión, destitución e inhabilitación a ejercer cargos públicos por hasta diez años por el delito de infracción de la Constitución, como está estipulado en los artículos 99 y 100 de la Constitución, lo que además está desarrollado en el Reglamento del Congreso, sin embargo el ente supranacional tiene la osadía de negar estas facultades o funciones tradicionalmente practicadas.
Sin embargo, la CIDH sostiene que las acusaciones constitucionales del Congreso peruano se basan en infracciones a la Constitución que no están definidas ni están en las leyes. Añade que se plantea una sanción política atribuyéndose facultades de las que carece el Congreso en relación con otros poderes del Estado.
No hacer caso
Ha hecho bien el Congreso en no hacer caso a un comunicado de prensa de un relator de la CIDH que trató de conminar a un poder del Estado que buscaba que no acuse constitucionalmente a la exfiscal Zoraida Ávalos, señala en respuesta el jurista Domingo García Belaunde.
“El Congreso no tiene que tomar en cuenta como obligatorio lo que ha hecho el relator del Perú en la CIDH [Stuardo Ralón], por más que haya tenido el visto bueno del presidente de la Comisión. Aún si fuera el pleno de la CIDH, en cuyo caso habría que evaluar el tema, pero si es contrario al interés nacional sus recomendaciones no son vinculantes para el Estado peruano, por lo que simplemente no se aplican o no se acatan”, sostuvo el experto.