Actuales magistrados de la JNJ no se salvarían de una acusación constitucional aunque salgan de sus cargos, señala.
El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, decidió pedir al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, a que convoque a una comisión especial para la elección de los nuevos magistrados que integrarán referida institución a cargo de nombrar jueces y fiscales.
Según el artículo 80 de la Ley Orgánica de la JNJ, este pedido debe hacerse dentro de los 12 a 9 meses anteriores a la fecha de expiración del nombramiento de miembros de la JNJ.
Sin embargo, el titular de este organismo tenía hasta marzo de este año para enviar el oficio, pero decidió acelerar el proceso.
Para el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Álvarez Miranda, esta acción de Antonio de la Haza se interpreta como un calmante para el Congreso que se encuentra en proceso de buscar firmas para realizar el pleno extraordinario, y buscar la remoción de los actuales magistrados de la JNJ.
“Es para bajarle la temperatura a la recolección de firmas en el Congreso para a destitución de la JNJ. La intención es quitarle aire a esa moción impulsada por Renovación Popular que no tiene mayor respaldo”, dijo a EXPRESO.
El jurista aclaró que los magistrados de la JNJ no se salvarían de una sanción, ya que el Parlamento podría presentar una acusación constitucional en contra los siete magistrados en cuestión, aunque dejen de pertenecer a esta referida institución.
“La aparente infracción cometida por la JNJ no tienen que ver con su permanencia, pueden ser sancionados constitucionalmente incluso después que hayan dejado el cargo, siempre y cuando la mayoría de bancadas mantenga la idea de sancionarlos en virtud de los desplantes que hicieron al Congreso. Siempre es posible la acusación constitucional”, señaló.
Asimismo, comentó que los miembros de la JNJ debieron allanarse a las investigaciones y sustentar sus propios argumentos.