El juez Victor Zúñiga Urday indicó que no es factible autorizar el viaje de Keiko Fujimori “puesto que no habría ningún control por parte de la autoridad peruana en el supuesto de que la acusada pretenda rehuir de la justicia”.
El Poder Judicial declaró infundado el pedido que hizo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que autorizara su salida del país del 30 de noviembre al 9 de diciembre, a fin de cumplir actividades académicas en Inglaterra y España.
El juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, determinó que autorizar esa medida pondría en riesgo el cumplimiento de la regla de conducta que se le impuso a la excandidata presidencial, como no ausentarse de la localidad donde reside en Lima sin permiso judicial, para asegurar su presencia en proceso penal que se le sigue por los aportes a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016 (caso
El magistrado también precisó que en el caso de autorizarse la salida al extranjero de la política derechista no se tiene la certeza de a qué ciudad podría ir ni la seguridad que retorne al país por cuanto no habría ninguna autoridad nacional que controle esta situación.
La defensa legal de Keiko Fujimori informó que su patrocinada fue invitada como expositora de la Oxford Unión Society, en la ciudad de Oxford, Inglaterra, entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre, y luego participar en un intercambio de ideas en el World Law Foundatión, a realizarse entre el 5 y 9 de diciembre en la ciudad de Madrid, en España.
Acusación fiscal y pedido al Poder Judicial
En marzo del año pasado, el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato presentó una acusación contra la lideresa Keiko Fujimori y otras 41 personas, incluidas en el caso Cocteles, que investigó presuntos aportes ilícitos en la campaña electoral de 2011.
La acusación se formula por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo. El documento fiscal incluye más de 15 000 páginas y fue presentado ante el despacho del juez Víctor Zúñiga Urday.
En el caso de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona las penas solicitadas por el Ministerio Público son de 30 años y 10 meses de prisión, por los delitos antes mencionados, mientras que para otros 33 acusados las penas van desde los seis a los 22 años de cárcel.
La acusación fiscal también incluye un pedido de cárcel para Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, por 22 años y ocho meses por el presunto delito de lavado de activos, y 6 años y 6 meses para Giulliana Loza, abogada de la líder de Fuerza Popular, por el presunto delito de obstrucción a la justicia.