El Poder Judicial dispuso que se continúe con el trámite de la audiencia de control de la acusación de 20 años de prisión que presentó la Fiscalía contra el excongresista Freddy Díaz, quien cumple prisión preventiva por la presunta violación sexual de una trabajadora de su despacho.
El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo el excongresista Freddy Díaz para que se archive la acusación fiscal presentada en su contra y el proceso penal que se le sigue luego de que una trabajadora de su despacho lo denunciara por presunta violación sexual, en julio de 2022.
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la solicitud que hizo el exlegislador para que se dispusiera el “sobreseimiento” o “archivo de este proceso penal bajo el argumento que no se cumple con el estándar de sospecha suficiente que se requiere para acusar y emitir una resolución que autorice el inicio de un juicio oral por este caso.
La defensa legal del Freddy Díaz sostiene que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento de su patrocinado tras resaltar que los médicos legistas que hicieron una pericia a la agraviada determinaron en su certificado que no es posible establecer que las lesiones presentadas obedezcan por exclusividad a un delito de violencia sexual.
Declaración de agraviada como prueba válida
No obstante, el juez supremo Checkley Soria desestimó estos argumentos, al determinar que en este proceso penal se tiene la declaración de la agraviada como prueba anticipada la cual, según la jurisprudencia y acuerdos plenarios de la Corte Suprema, es considerada como prueba válida de cargo de especial relevancia en estos casos.
El magistrado también remarcó que en cuanto a las pericias médicas que sustentan la acusación y que según la defensa legal del exlegislador Freddy Díaz no acreditan violencia física y desvirtúan la tesis fiscal, deben ser sometidas a un debate entre las partes, al igual que las declaraciones de testigos, para determinar su validez dentro de este proceso penal.
Ante ello, el juez supremo Checkley Soria dispuso que se continue con el trámite de la audiencia de control de la acusación de 20 años de prisión que presentó la Fiscalía contra el exparlamentario quien cumple prisión preventiva en el Penal de Lurigancho por este caso.