José Domingo Pérez advirtió que Fuerza Popular gastó más de S/1 millón 300 mil para anular mesas de sufragio.
El fiscal José Domingo Pérez amplió investigación contra Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular por presunto lavado de activos en la campaña presidencial del 2021, proceso electoral que perdió ante el golpista Pedro Castillo.
En su disposición N°27, a la que accedió Perú21, Pérez advierte que Fujimori emprendió una campaña de fraude “a través del engaño masivo y sistemático” para evitar “un posible gobierno comunista” que despertó el “temor en la ciudadanía”.
Por ese motivo, indica el documento, Fujimori consiguió que empresarios del rubro juegos de azar, como Iván Katekary Gushiken y Rubén Awa Matsukawa, le aporten dinero en efectivo para financiar sus actividades.
“Los aportes de los empresarios habrían oscilado entre S/10,000 a S/80,000, los mismos que eran entregados en efectivo, algunos de ellos en dólares”, sustentó el fiscal.
Esos ingresos sirvieron para costear los recursos presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a fin de pedir la anulación de mesas de sufragio y sus respectivas apelaciones.
“Personas vinculadas a Keiko Fujimori Higuchi habrían coordinado y pedido en efectivo a varios empresarios tales como Erick Vallve Saavedra, Manuel Márquez San Román y Carlos Enrique Pigati Monteverde, esto a raíz del miedo causado por la campaña del fraude”, se lee.
Según el integrante del equipo especial Lava Jato, la excandidata presidencial recolectó S/1 millón 309 mil 770 para pagar los trámites ante el JNE. No obstante, se detectaron inconsistencias en la rendición de cuentas.
El fiscal Pérez indicó que Fuerza Popular “no tenía cuentas bancarias ni libros contables desde fines de 2020 y todo el 2021″ y que la ONPE anuló aportes declarados en 2021 por no estar debidamente sustentados.
“El dinero se ensucia o se macula por la conducta, no por su origen. El dinero de fuente prohibida una vez que llega al partido político, se convierte en ilícita, de modo que, su posterior movimiento puede configurarse el delito de lavado de activos. Por todo lo señalado, el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas sin problema alguno, puede considerarse como delito generador de activos ilícitos”, concluyó.
Este es un proceso iniciado en 2021, distinto a la acusación que existe contra Keiko Fujimori por el financiamiento ilegal de sus campañas del 2011 y 2016. Está pendiente el inicio del juicio por lavado de activos.
Tenga en cuenta
-El fiscal Pérez incluyó en la investigación a Milagros Takayama, Luis Galarreta y Micky Torres por ser los presuntos encargados de recolectar el dinero para la campaña del fraude.
-En diálogo con Perú21, Takayama descartó esa versión y señaló que Pérez “no tiene pruebas”.