La Organización Internacional Human Rights Watch (HRW) ha publicado un extenso y detallado informe sobre los asesinatos cometidos por personal policial y militar durante los estados de emergencia decretados por el gobierno de Dina Boluarte en respuesta a las protestas sociales en Perú. Según la organización, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, en clara violación del derecho internacional.
El informe de HRW se basa en entrevistas a más de 140 personas, incluidos testigos, familiares de fallecidos, agentes de la Policía, fiscales y autoridades. También se analizaron más de 37 horas de videos y 663 fotografías, así como autopsias, informes balísticos y registros médicos. La investigación revela que al menos 39 de las 49 muertes registradas fueron causadas por impactos de balas de las fuerzas de seguridad, en su mayoría en las partes superiores del cuerpo.
De acuerdo con HRW, es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado peruano sería responsable. La organización insta a los representantes del Ministerio Público a investigar a los agentes que dispararon y a sus superiores, incluyendo a las autoridades civiles.
El patrón de comportamiento de las fuerzas militares y policiales, según el informe, evidencia la intención de generar graves daños, incluyendo la muerte. En 14 casos, los disparos fueron en el torso; en 11 casos, en la cabeza; y otros nueve murieron por disparos por la espalda.
Además, HRW reporta que 15 de las víctimas mortales eran solo transeúntes, 3 eran observadores y 3 estaban en el lugar de los hechos porque brindaban ayuda a los heridos. Esto demuestra el carácter indiscriminado de la respuesta de las fuerzas de seguridad peruanas.
El informe también encuentra serias deficiencias en el trabajo del Ministerio Público, liderado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. HRW señala que hubo omisión en la recolección de pruebas iniciales claves, lo que podría afectar negativamente el resultado de las investigaciones.
Por ello, Human Rights Watch ha formulado una serie de recomendaciones al gobierno peruano, entre las que se incluye invitar a una comisión independiente de expertos internacionales y otorgarle acceso a la información del Gobierno y los expedientes para respaldar las investigaciones de manera complementaria. Además, instan a las autoridades a fortalecer las investigaciones sobre derechos humanos, asegurar investigaciones prontas, independientes y exhaustivas sobre los abusos de las fuerzas policiales y militares, y modificar las leyes sobre el uso de la fuerza para cumplir con los estándares internacionales.
La situación en Perú ha generado una gran preocupación a nivel internacional, y el informe de Human Rights Watch pone en evidencia la necesidad de abogar por la justicia y la protección de los derechos humanos en el país. Solo así se podrá garantizar un futuro más seguro y democrático para todos los ciudadanos peruanos.