Coordinador juez supremo Manuel Luján Túpez les tomó juramento
10/03/2025 El juez supremo coordinador del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, Manuel Luján Túpez, tomó juramento a tres magistradas, que reforzarán este mecanismo jurisdiccional cuya labor es declarar la titularidad de patrimonio obtenido de forma ilícita a favor del Estado.

Se trata de la jueza especializada provisional de la Corte de Lima María del Rosario Portocarrero Arangoitia, quien estará a cargo del Juzgado Permanente Especializado de Extinción de Dominio de Lima.

Este juzgado tiene competencia en los distritos judiciales de Lima, Lima Sur, Cañete e Ica, así como competencia para extinción de bienes en el extranjero, ubicados en más de un distrito judicial y de criminalidad organizada.

También juró en su cargo la jueza especializada titular de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla Flor de María Acero Ramos, que integrará la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio con sede en Lima.

Su competencia es en los distritos judiciales de Lima, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Callao, Puente Piedra-Ventanilla, Huaura, Cañete, Ica, Junín, Selva Central, Pasco, Huánuco, San Martín, Ayacucho, Huancavelica y Ucayali.

En tanto que la jueza superior provisional de la Corte de La Libertad Hilda Isabel Cevallos Bonilla conformará la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en la Extinción de Dominio de la Corte de la Libertad.

Su jurisdicción abarca los distritos judiciales de La Libertad, Tumbes, Piura, Sullana, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, Santa, Áncash, y Loreto.

«Tres insignes magistradas del Poder Judicial se incorporan al Subsistema de Extinción, su trabajo le hará muy bien al subsistema para extinguir hasta el último centavo o bien vinculado a una actividad ilícita”, expresó Luján Túpez en ceremonia desarrollada en Palacio de Justicia.

Cabe señalar que, en cinco años, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio logró recuperar cerca de US$ 160 millones a favor del Estado en procesos por delitos de corrupción, narcotráfico, lavados de activos, minería ilegal, tala, trata de personas, etc.

Asimismo, el año pasado, este mecanismo obtuvo más de US$ 71 millones en bienes muebles, inmuebles, dinero y otros, producto de actividades ilícitas que afectan al país.