En declaraciones a la prensa, el presidente del PJ, Javier Arévalo, indicó que la Corte IDH no tiene ninguna facultad para pedir a los poderes del Estado “que hagan algo”.

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, respondió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se rechazó la aprobación del proyecto de ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. Según indicó, el Estado peruano no tiene que retirarse de la Corte IDH, pero si poner los límites correspondientes.

Sobre ‘Ley de Amnistía’

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del PJ indicó que la Corte IDH no tiene ninguna facultad para pedir a los poderes del Estado “que haga algo”. “Mucho menos al Poder Judicial para que interfiera en las decisiones de otros Poderes”, añadió.

De tal modo, Arévalo aseguró que el Poder Judicial respeta tanto al Ejecutivo como al Legislativo, por lo que descartó que interfiera en la decisión tomada por el Congreso de la República sobre la Ley de Amnistía. “Acá no hay nada que ver con la Corte IDH, acá los jueces peruanos son los que van a decidir si la ley se aplica o no”, precisó.

En tal sentido, el presidente del Poder Judicial evitó brindar su postura respecto a la prescripción de delitos de lesa humanidad, debido a que se podría tomar como una presunta “influencia” de su parte.

Boluarte y Soto enviaron carta a la Corte IDH

Como se recuerda, el último 08 de julio, el premier Gustavo Adrianzén anunció que la presidenta de la República, Dina Boluarte, en conjunto con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, han enviado una carta de respuesta a la Corte (IDH), ante la resolución emitida por la entidad internacional en la que instó al Estado peruano a ejecutar las acciones necesarias para que “no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia” al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.

De esta manera, el presidente del PJ, Javier Arévalo, respondió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco de su postura con respecto a la aprobación del proyecto de ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. 

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