PJ declaró fundado el recurso de apelación que interpuso la defensa de Mauricio Fernandini, con lo cual se revoca la prisión preventiva de 30 meses en su contra por el caso ‘Fondo MiVivienda’.

El Poder Judicial declaró fundado el recurso de apelación que interpuso la defensa del periodista Mauricio Fernandini, con lo cual se revoca la prisión preventiva de 30 meses interpuesta en su contra en agosto de 2023 por el caso ‘Fondo MiVivienda’, con lo cual afrontará el proceso en libertad.

La Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior decidió revocar la resolución del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, emitida el 18 de enero de 2024, en donde se declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva contra el periodista.

En su lugar, se dispuso el mandato de comparecencia restringida bajo reglas de conducta, que incluye comparecer cada quince días sobre sus actividades ante el juzgado, no ausentarse de su domicilio, además de abonar una caución económica de 30 000 soles.

Asimismo, Fernandini se encuentra prohibido de entablar comunicación con otros investigados por el caso, entre ellos la empresaria Sada Goray, el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado; el exjefe del gabinete de asesores del MVCS, Salatiel Marrufo; entre otros.

Cabe precisar que la Corte Superior Nacional ha dispuesto la “inmediata excarcelación” de Fernandini Arbulú, con lo cual el comunicador podría salir del penal Miguel Castro Castro en las próximas horas.

PJ admitió a trámite solicitud de la Procuraduría sobre caso ‘Fondo Mi Vivienda’

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Poder Judicial ser incorporada como “actor civil” o “parte agraviada”, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue a Sada GorayMauricio Fernandini y otros por el caso ‘Fondo MiVivienda’.

A través de un escrito, la defensa legal de la Procuraduría cumplió con precisar la pretensión patrimonial que persigue, además del perjuicio imputado a cada uno de los investigados, y expone las razones que sustentan su legitimidad procesal para pedir una reparación civil a favor del Estado.

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