El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al acoger en parte la solicitud de la fiscal Galinka Meza para prolongar el mandato de prisión preventiva contra el exmandatario.

El Poder Judicial amplió por 14 meses el mandato de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, quien es acusado por el presunto delito de rebelión a razón del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, por el cual enfrenta un pedido de 34 años de prisión.

El último jueves, 6 de junio, se llevó a cabo la audiencia de evaluación de la solicitud de 18 meses que formuló la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Así, en resolución emitida el viernes 7, a la que tuvo acceso RPP, el juez Juan Carlos Checkley declaró fundado en parte el pedido.

En su decisión, el magistrado determinó que el periodo requerido por la fiscal adjunta suprema Galinka Meza no era proporcional. Así, teniendo en cuenta lo pendiente de la etapa intermedia y el tiempo que se requeriría para un posible juicio oral, así como el número de acusados (ocho en total), el plazo que consideró su despacho es el de 14 meses.

La medida se computará del 7 de junio del 2024 hasta el 6 de agosto del 2025

Cabe precisar que la medida original, impuesta en diciembre del 2022, venció el jueves 6. No obstante, sobre el exmandatario se encuentra vigente una segunda orden de prisión preventiva por el plazo de 36 meses en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción, por los casos Puente Tarata, PetroPerú y Anguía.

En su decisión, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria también señaló que es “potencialmente factible” el peligro de fuga del expresidente de determinarse una medida distinta a la prisión preventiva, dado que es probable que el Gobierno mexicano le otorgue un “potencial asilo”, evidenciado por la visita de un diplomático a la sede de la Diroes, así como del propio ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además del delito de rebelión, el Ministerio Público acusa a Castillo por los presuntos delitos de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y de la sociedad. Desde diciembre de 2022, se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.

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