La congresista de Avanza País solicitó que el titular del Ministerio Público sea inhabilitado por 10 años por haber archivado la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por la adquisición de pruebas rápidas para detectar COVID-19.

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) anunció esta mañana que ha presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, demora de actos funcionales e infracción constitucional. 

El motivo de dicha medida, según indicó Chirinos Venegas, es el archivamiento de la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por la presunta adquisición irregular de pruebas rápidas para detectar la COVID-19 en el 2020.

En ese sentido, la legisladora solicitó la inhabilitación para la función pública por diez años del titular de la Fiscalía de la Nación. 

Fundamentos

Según indicó la referida parlamentaria en los fundamentos de su denuncia, “resulta inverosímil” que el fiscal de la Nación haya archivado la denuncia contra Vizcarra Cornejo, lo cual plantea “serias preocupaciones sobre la falta de rendición de cuentas y transparencia en la gestión de la crisis sanitaria por COVID-19”.

“Este acto vulnera los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 2.1, 2.2, 9, 38, 39, 118.1 de la Constitución Política del Perú, al no investigar a los presuntos responsables que pusieron en riesgo la vida e integridad de más de 33 millones de ciudadanos que confiaron en las políticas públicas durante el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, quien aseguró que las pruebas rápidas eran una opción segura, pese a que no contaban con sustento científico-técnico”, señala el documento.

En ese sentido, según Chirinos, “el representante del Ministerio Público ha evidenciado una violación a sus funciones constitucionales y competencias como funcionario público y representante de una institución que tiene por objetivo la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos”. 

“El titular del Ministerio Público ha optado por violar no solo (…) la Constitución, sino su propia Ley Organica, al archivar la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y otros altos funcionarios en el marco de la investigación por la compra millonaria de las pruebas rápidas durante la pandemia del COVID-19, pese a contar con informes de la Contraloría y del Congreso, los cuales concluyeron que los funcionarios antes señalados han incurrido en delitos contra la salud publica al adquirir una prueba que carecía de efectividad y causando una daño irreparable en la población”, indica. 

“Se ha demostrado en la presente denuncia que el representante del Ministerio Público tenía la obligación de continuar la investigación y no lo hizo sin una justificación válida, afectando a millones de peruanos y peruanas que buscan justicia por la muerte de sus familiares fallecidos durante la pandemia. Esta decisión, sin una base sólida, demuestra una falta de diligencia y un incumplimiento de sus obligaciones en el cargo de fiscal de la Nación, lo cual es incompatible con los deberes de su cargo”, puntualiza. 

¿Por qué el Ministerio Público archivó la investigación contra Martín Vizcarra?

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, confirmó el pasado 3 de junio, en diálogo con RPP, que dispuso  archivar y no formular denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros por la presunta compra irregular de pruebas rápidas contra la COVID-19. 

“Por lo menos, en lo que tenemos de la investigación, no tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle”, sostuvo en el programa ‘Las Cosas Como Son’.

Villena indicó que fue el Instituto Nacional de Salud (INS) quien recomendó la compra de los productos y reiteró que, luego de todas las diligencias, no hubo pruebas para constatar el delito de colusión.

“Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que hayan indicios de que haya habido justamente eso: un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas y no se han hallado indicios suficientes de que haya habido esto (corrupción). El INS es quien recomienda la adquisición (de pruebas rápidas)”, manifestó. 

Villena recordó que Martín Vizcarra aún cuenta con procesos pendientes en el Ministerio Público y esas denuncias aún están en investigación.

“Tenemos investigaciones, no solamente referentes al COVID, sino a su gestión en el Ministerio de Transportes”, puntualizó.

Vale subrayar que, el pasado 9 de febrero, el pleno del Congreso aprobó el informe final que recomienda formular acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras María Antonieta Alva y Elizabeth Hinostroza por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas. 

Las conclusiones del informe final, aprobado previamente en la comisión de Fiscalización, señalan que en marzo del 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza; y la exministra de Economía, María Antonieta Alva, se reunieron con diversos representantes del sector salud y empresas privadas a fin de “concertar la adquisición de pruebas serológicas” contrario a laspolíticas de salud vigentes que reconocían el uso de pruebas moleculares para detectar la COVID-19.

Además, el documento señalaba que Vizcarra y las exministras sabían que las pruebas serológicas “no cumplían los estándares requeridos” para diagnosticar con certeza si una persona había contraido el coronavirus.

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