Durante diálogo con Exitosa, la defensa de los deudos de las víctimas en protestas, Juan José Quispe, aseguró que la mandataria Dina Boluarte busca ya no ser investigada por los hechos suscitados en 2022 y 2023.

En entrevista con Exitosa, el abogado de deudos de las víctimas en protestas, Juan José Quispe, se pronunció respecto a la admisión de la demanda de amparo interpuesta por la presidenta Dina Boluarte para anular la denuncia constitucional de la Fiscalía en su contra.

“Quieren tejer un manto de impunidad”

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, Quispe precisó que dicha medida pretende “tejer un manto de impunidad” en este caso.

“Lo que quieren, es acá, tejer un manto de impunidad porque quieren eliminar esa acusación constitucional y la señora Boluarte ya no ser investigada por los hechos sucedidos en las protestas sociales del año 2022 y 2023”, dijo a nuestro medio.

De tal modo, Juan José Quispe señaló que la denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides contra Boluarte por las muertes en la protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023, “no está bien sustentado”, a pesar que cuenta con 165 hojas de fundamento.

Sobre el Parlamento

Al respecto, precisó que la jefa de Estado, Dina Boluarte, está buscando ya no ser investigada por los fallecimientos en movilizaciones sociales contra el Gobierno, por lo que estarían “tejiendo un manto de impunidad”.

Cabe mencionar que, para el abogado de los deudos de víctimas en protestas, el Congreso de la República ha “estancar” la denuncia constitucional contra la mandataria, la cual fue presentada en noviembre del 2023 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Lo que el Parlamento ha hecho es estancarlo, no darle trámite, porque como vemos no se ha nisiquiera puesto en la agenda para revisar esta acusación constitucional de la señora Patricia Benavides”, agregó a Exitosa.

Denuncia constitucional contar Boluarte
Según la imputación, la mandataria habría omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos, y eviten el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal militar a cargo del control de las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
Sobre estas fuerzas del orden, la jefa de Estado, Dina Boluarte, tenía una posición de dominio como jefa suprema de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional.
De esta manera, el abogado de deudos de las víctimas en protestas, Juan José Quispe, se pronunció respecto a la admisión de la demanda de amparo interpuesta por la presidenta Dina Boluarte para anular la denuncia constitucional de la Fiscalía en su contra.

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