El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, indicó en RPP que continúa la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y los ministros implicados por los agraviados durante las manifestaciones. “En su momento nos pronunciaremos”, señaló.

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, indicó que continúa la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por los agraviados durante las manifestaciones. En entrevista con RPP, precisó que la extitular de este organismo autónomo, Patricia Benavides, hizo la denuncia por cinco fallecidos y un herido.

“Lo que sucede es que la doctora Benavides en su momento desacumuló, de seis agraviados, cinco fallecidos y un herido, donde se había establecido quién es el autor directo (respecto únicamente a esas seis personas), y también presentó la denuncia en contra de la presidenta y los ministros. Las investigaciones (preliminares) contra la señora presidenta y los ministros respecto a los otros agraviados aún está ahí y eso estamos terminando y en su momento nos pronunciaremos”, explicó.

Villena sostuvo que cumplió su función de acuerdo con la ley al presentar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso por el caso Rolex.

En el programa Las cosas como son de RPP añadió que el Congreso no podrá acusar a la mandataria hasta que termine su mandato.

“El abogado de la defensa requiere que ya ha concluido la investigación y que nos pronunciemos, incluso él reconoce que una forma de pronunciarse sería presentar la denuncia constitucional o archivar. Lo que hemos hecho es eso, presentar la denuncia constitucional (pero) el artículo 117 pone una limitación al Congreso, y así lo interpreta la Corte Suprema, que no puede emitir una resolución acusatoria contra una presidenta en funciones sino únicamente cuando termine esa función”, señaló.

En otro momento, el titular del Ministerio Público expresó que, al no haber indicios suficientes, se archivó la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por la compra de pruebas rápidas de descarte de la COVID-19.

El magistrado también se mostró en contra del proyecto de ley del Congreso que dispone, entre otros aspectos, que los allanamientos se realicen con la presencia del implicado y su abogado.

Del mismo modo, consideró que constituye un delito la desactivación del equipo policial que brindaba apoyo al Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). 

Finalmente, Villena dijo que en su gestión presentaron más de 20 denuncias constitucionales contra congresistas, ministros, exministros y jueces supremos.

Fiscalía archiva caso de pruebas rápidas que involucraba a Martín Vizcarra

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, confirmó este lunes que ha dispuesto archivar y no formular denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros por la presunta compra irregular de pruebas rápidas contra la COVID-19

Por lo menos, en lo que tenemos de la investigación, no tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle”, sostuvo en el programa ‘Las Cosas Como Son’ de RPP.

Villena indicó que fue el Instituto Nacional de Salud (INS) quien recomendó la compra de los productos y reiteró que, luego de todas las diligencias, no hubo pruebas para constatar el delito de colusión.

“Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que hayan indicios de que haya habido justamente eso: un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas y no se han hallado indicios suficientes de que haya habido esto (corrupción). El INS es quien recomienda la adquisición (de pruebas rápidas)”, manifestó. 

Como se recuerda, el pasado 9 de febrero, el Pleno del Congreso aprobó el informe final que recomienda formular acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras María Antonieta Alva y Elizabeth Hinostroza por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas. 

Las conclusiones del informe final, aprobado previamente en la comisión de Fiscalización, señalan que en marzo del 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza; y la exministra de Economía, María Antonieta Alva, se reunieron con diversos representantes del sector salud y empresas privadas a fin de “concertar la adquisición de pruebas serológicas” contrario a laspolíticas de salud vigentes que reconocían el uso de pruebas moleculares para detectar la COVID-19.

Además, el documento señalaba que Vizcarra y las exministras sabían que las pruebas serológicas “no cumplían los estándares requeridos” para diagnosticar con certeza si una persona había contraido el coronavirus. 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *