Pérez denuncia presuntos actos obscenos de abogados Giuliana Loza y Humberto Abanto. Alegatos de abogados defensores se pospuso hasta el 15 de julio. Fiscal terminaría hoy de exponer. Loza fue agredida por desconocidos al salir de la sede del Poder Judicial

Este último martes 9 de julio, el fiscal José Domingo Pérez reitero el pedido de 30 años y 10 meses de prisión efectiva contra Keiko Fujimori y otros 40 imputados ante el Tercer Juzgado Penal Colegido por presuntamente haber cometido el delito de organización criminal en el marco del caso cócteles.

Pérez explicó que esa es la condena que corresponde a las sumatorias de las penas correspondientes a los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración con falsedad genérica.

La tercera audiencia del juicio del caso cócteles mostró que este proceso se verá afectado por actos extraprocesales dentro y fuera de la sala de audiencias, que todo no tendrá que ver con las pruebas y los argumentos jurídicos y que los jueces Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa deberán ser muy estrictos con todas las partes, para que el juicio avance.

Denuncia actos obscenos

A primera hora, el fiscal José Domingo Pérez presentó un escrito al Juzgado en el que solicitó que se llame la atención a los abogados Giulliana Loza y Humberto por supuestos “gestos obscenos de connotación de discriminación sexual” que habrían realizado en su contra durante la audiencia del 2 de julio último, faltando , dijo, el respeto al tribunal.

Loza rechazó la denuncia del fiscal. Posteriormente ante la prensa declaró: Les agradecería que vean el video. La señal es porque estábamos haciendo uno, dos, tres” sobre el tiempo que durarían nuestros alegatos. “Le pediría al señor Pérez que deje de lado el show político. Vamos tres días de audiencia y no hay avances”.

El abogado Humberto Abanto no participó en está audiencia. Luego de escucharlos, el Colegiado resolvió solicitar las imágenes de Justicia TV para evaluar el pedido y tomar una decisión, en una próxima fecha.

De otro lado, mientras el fiscal exponía su acusación, se difundió una resolución de la Autoridad Nacional de Control que reactiva una investigación contra el fiscal José Domingo Pérez y el fiscal superior del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, en una denuncia presentada por el exmagistrado del Tribunal Constitución, José Luis Sardón.

En enero de 2020, Sardón denunció a los fiscales por la filtración a la prensa de la declaración testimonial que dio en el caso Cócteles, el 19 de diciembre de 2019, sobre las actividades de la ONG Reflexión y un presunto aporte económico a Fuerza Popular.

En la mencionada resolución, la Autoridad de Control del Ministerio Público rechazó la solicitud de pruebas documentales y testimoniales que Pérez y Vela habían pedido que se realicen como parte de sus descargos. La Autoridad de Control consideró que se trataban de temas del caso Cócteles que no tenían relación con el proceso disciplinario y otras que ya habían sido obtenidas directamente.

Este proceso disciplinario abre la posibilidad de que Pérez y Vela puedan ser suspendidos en sus funciones. Esta sanción alejaría al fiscal Pérez del juicio público caso Cócteles. “Mientras no nos suspendan, continuaré a cargo del caso”, declaró Pérez a La República.

Posteriormente, luego de concluida la audiencia pública, cuando los abogados se retiraban de la sede judicial, Giulliana Loza fue agredida e insultada por una turba de desconocidos. La agresión alcanzó a varios periodistas.

Esta es la segunda agresión que se registra en Lima contra un abogado al concluir una actuación judicial. Antes, fue agredido el abogado Humberto Abanto al salir de una diligencia, en la fiscalía. Loza denunció los hechos ante la policía.

El fiscal José Domingo Pérez acude a las audiencias del caso Cócteles con chaleco antibalas, luego que, dijo, recibió amenazas contra su persona. Es necesario que la policía y la fiscalía investiguen estos eventos para, prevención, evitar actos mayores que lamentar.

La tercer audiencia comenzó a la hora prevista, 9:00 de la mañana, pero no se pudo completar lo que estaba previsto, de tal manera que los alegatos de los abogados defensores recién comenzarán el próximo lunes, 15 de julio, de manera presencial.

Juan Carlos Luna Frisancho, radicado en Estados Unidos, e Ítalo Ulises Pachas Quiñones, con domicilio en Cajamarca, se pusieron a derecho por video conferencia, luego que no asistieron a la instalación del juicio público, el último 1° de julio. El Juzgado les levantó la declaración de reos contumaz.

En tanto, Luis Barboza Dávila, exfuncionario de ONPE con actual domicilio en Pamplona, España, continuará bajo observación de los jueces, hasta que se establezca con mayor certeza su actual estado de salud. Si su Estado no es grave debería regresar al país o se le considerará reo contumaz.

La abogada Jeny Vilcatoma pidió que se archive la acusación al acusado Luis Mejía Lecca luego que los médicos legistas certificaron que se encuentra hospitalizado y padece una enfermedad irreversible. El colegiado decidió citar a los médicos legistas para la audiencia del 22 de julio, a fin de que expliquen en detalle lo que han encontrado. Luego, los jueces tomaran una decisión.

Otros seis acusados sometidos a proceso especial fueron excluidos del juicio. El juzgamiento continuará contra 40 personas naturales y las sociedades Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *