A través de esta medida, la defensa legal de la familia del fallecido expresidente Alan García pretende que el auto apelado sea revocado por la Sala Superior Penal y se declare infundado el pedido formulado por la Fiscalía.

El abogado Éramo Reyna, en representación de Pilar Nores y de los hijos del fallecido expresidente, Alan García Pérez, presentó un recurso de apelación contra la resolución judicial que autoriza al Ministerio Público a acceder a los celulares incautados al exjefe de Estado durante la diligencia de allanamiento de su vivienda, ocurrida el 17 de abril del 2019, en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

El documento dirigido al sexto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, refiere que “levantar el secreto de comunicaciones respecto a una persona fallecida” constituye “una medida desproporcional e ilegal”.

Esto, según detalló el letrado, porque se “extinguió la acción penal” contra García Pérez.

Indica, además, que el juzgado ha incurrido en errores al emitir dicha resolución, el cual estaría vulnerando “el principio de legalidad procesal de las medidas limitativas o restrictiva de derechos y sin que existan suficientes elementos de convicción que sustente la medida”.

Por lo tanto, la defensa legal de la familia de Alan García, afirmó que “nuestra pretensión es que al auto apelado sea revocado por la Sala Superior Penal a donde serán elevados los actuados y se declare infundado el pedido formulado por la Fiscalía”.

Resolución del Poder Judicial 

El juez Leodan Cristobal Ayala declaró fundado el requerimiento realizado por el despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez para que se autorice judicialmente la ejecución de esta medida sobre estos equipos incautados como parte de la investigación preparatoria seguida al exministro aprista Luis Nava y otros por el caso Metro de Lima vinculado a Odebrecht.

Respecto de estos equipos, el magistrado autorizó la apertura, extracción, recuperación, lectura, examen, análisis acceso, visualización y almacenamiento de correos electrónicos y demás comunicaciones o correspondencia informática enviadas, recibidas almacenadas, borradas de cualquier modalidad del contenido de los dispositivos de almacenamiento.

Asimismo, estableció la prohibición de cualquier tipo de extracción, recuperación, lectura, examen, análisis, acceso, visualización, registro y almacenamiento de información y otra similar ajena a la investigación formalizada y determinó también que, una vez ejecutada esta medida, la autoridad fiscal deberá dar cuenta de su ejecución a su juzgado para los fines de ley.

Razones para ejecutar la medida

Mediante una resolución emitida el último 11 de marzo, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado precisó que la medida decretada por su despacho es idónea, necesaria y proporcional, al precisar que, si bien el expresidente Alan García fue excluido de esta investigación tras su muerte, con la solicitud presentada, el ente fiscal no busca información penal respecto de la persona fallecida, menos de sus herederos, sino sobre los otros investigados con los que el exmandatario tuvo comunicación en vida con el uso de los equipos incautados “por lo que resulta legítima la solicitud respecto a la intervención de equipos de la persona fallecida”.  

“Los equipos celulares incautados podrían contener elementos de convicción que coadyuven a esclarecer hechos máxime si se investiga presuntos hechos de lavado de activos a través de empresas off shore vinculadas a la empresa Odebrecht y a Faresh Miguel Ayala Herrera”, señaló.

El juez Leodan Cristobal Ayala remarcó que, si bien esta incautación fue realizada por la Fiscalía Provincial de Miraflores, esta instancia dejó expresa constancia de que dichos equipos se encontraban a disposición del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato.

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