POSTURA. Fiscal remarca que más del 90% de la cosecha de la hoja de coca en la zona de emergencia va directamente al tráfico ilícito de drogas.
El fiscal Daniel Jara muestra su preocupación por los cultivos ilegales de hoja de coca en el país, que no dejan de incrementarse, y a la vez hace un repaso por las necesidades de las fiscalías especializadas antidrogas.
En el último informe de Devida se da cuenta de que los cultivos de hoja de coca aumentaron a más de 80,000 ha. ¿Qué tan grave es esto para todos?
Es una cifra preocupante. Estamos hablando de alrededor de 30% de incremento con relación a 2020. Esto definitivamente tiene algunas consecuencias, que van a tener un impacto negativo a nivel nacional.
El Vraem sigue siendo el principal foco. ¿Desde el Estado se están haciendo los suficientes esfuerzos?
Hay algunos avances. Pero desde la Fiscalía entendemos que requerimos que estos deben incrementarse de manera significativa, de manera tal que se pueda combatir de manera directa los cultivos ilegales, los cultivos que no se encuentran registrados en Enaco, toda vez que más del 90% de la cosecha de la hoja de coca va dirigida al tráfico ilícito de drogas (TID).
Hubo una suerte de doble discurso desde el gobierno: se hablaba de lucha antidrogas y luego se apostaba por la autoerradicación. ¿No necesitamos, más bien, ser más inflexibles?
Tenemos dentro de los cultivos los legales e ilegales. Lo que nosotros señalamos es que se tiene que tener una actuación directa con resultados en la erradicación de los cultivos ilegales, que son más del 90%. Se requiere una actuación directa contra estas personas que están vinculadas a organizaciones dedicadas al TID. No podemos hablar de que esas personas que están en la ilegalidad puedan generar ellos mismos su propia erradicación.
Dejando a un lado al Vraem, que sigue siendo el foco, también hay nuevas zonas de incidencia. ¿Cuáles son?
Advertimos de que el Vraem definitivamente sigue creciendo en la cantidad de cultivos ilegales. Y de la misma forma, en otras partes. En Loreto, a través de la zona del Putumayo, tenemos también un crecimiento ostensible y altamente significativo. También en algunas partes que han sido controladas –estamos hablando del Alto Huallaga, de la zona de Ucayali– donde la erradicación fue eficaz y eficiente, advertimos de que en algunas partes nuevamente tenemos plantaciones ilegales.
¿Específicamente en el Putumayo qué se está viendo?
Tenemos un tema complejo que va ya relacionado a que grupos armados irregulares que están cruzando la frontera de Colombia-Perú están obligando a los pobladores que habitan en esa parte del país a cultivar hoja de coca y a producir cocaína (…). Advertimos eso como un tema creciente, en el transcurso de este año con mayor incidencia.
Se señala que el Amazonas, la parte de Condorcanqui por ejemplo, se está perfilando un nuevo Vraem…
Efectivamente, en esa parte del país tenemos un incremento significativo de actividades vinculadas al narcotráfico. Tenemos una fiscalía especializada en esa zona, últimamente hemos realizado operativos conjuntamente con Dirandro; se ha llevado a cabo la destrucción de pistas clandestinas. Entonces, puntos como ese, como lo ha señalado, sí podrían significar un gran problema en adelante; por eso se requiere en la actualidad dar los pasos adecuados.
Hay fiscalías que trabajan sin una base de Dirandro para las investigaciones. ¿Qué va a hacer?
Vamos a hacer las gestiones respectivas para que donde están las fiscalías especializadas trabajemos con la Policía especializada. Tenemos una articulación muy buena, es un binomio, con resultados que podemos mostrar. Por eso estimamos necesario y fundamental que se creen las bases antidrogas de la Policía especializada, la Dirandro, en los puntos en los que la Fiscalía también ha hecho esfuerzos para ubicar a las fiscalías antidrogas.
¿Cuántas fiscalías trabajan hoy sin el apoyo directo de una base de Dirandro en la misma zona?
Estadísticamente, podemos señalar que más o menos es el 40% el que requiere trabajar con Dirandro. No tenemos (allí) a la Policía especializada.
También hay fiscalías donde requieren la creación de más despachos…
Dentro de las restricciones presupuestales que tiene el Ministerio Público, venimos planteando la necesidad de que se puedan implementar fiscalías especializadas en algunas regiones. Te pongo un ejemplo, en Arequipa tenemos el Puerto Matarani. No tenemos una fiscalía especializada antidrogas. Y al igual en otras partes del país. Es un problema que advertimos, pero lamentablemente, por temas presupuestales, esto está siendo postergado.
¿Y cómo se lucha contra las drogas en estas zonas?
Es una situación difícil que hace que el Ministerio Público, a través de otras fiscalías comunes, vengan asumiendo esos casos. Ciertamente, debido a la elevada carga procesal, tienen problemas en manejar estos casos, por lo cual advertimos justamente esa necesidad de que tiene y debe haber una fiscalía especializada.