En Lima. Verán asesinatos y otros atropellos a los derechos humanos ocurridos durante las protestas ciudadanas. Víctimas denuncian que se entorpecen las indagaciones.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, creó un equipo especial de fiscales, con sede en Lima y dirigido por una fiscal de Trujillo, para investigar los asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las protestas sociales contra el Gobierno y el Congreso.
Este es el tercer cambio de fiscalías que afecta las investigaciones sobre las 45 muertes y múltiples heridos por disparos de armas de fuego que dejaron las protestas sociales, la cuales se desarrollaron entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, especialmente en las provincias del sur.
Al producirse la mayoría de las muertes y heridas leves y graves, las primeras diligencias estuvieron a cargo de fiscales provinciales penales de casos comunes, fiscalías especializadas de crimen organizado o Fiscalías Especializadas de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo, según la zona del país donde ocurrieron los hechos.
Luego, el 13 de enero, la fiscal de la Nación anunció la reestructuración del Subsistema de Fiscalías de DD. HH., Interculturalidad y Terrorismo para investigar, dijo, las muertes en las protestas.
Con esa meta, este subsistema altamente especializado y con años de experiencia fue dividido en dos: por un lado, DD. HH. e Interculturalidad, bajo la coordinación del fiscal superior provisional Luis Valdivia Calderón, y por otro, terrorismo.
A la vez se suprimieron despachos, se crearon otros y se rotó o dejó de lado a los fiscales más experimentados en ver casos relacionados con afectación a los derechos humanos, por otros elegidos directamente por la fiscal de la Nación, sin ninguna experiencia en este tipo de sucesos.
Fiscales ad hoc 2.0
Pasadas seis semanas, al comenzar marzo, Patricia Benavides volvió reorganizar el Subsistema de DDHH e Interculturalidad, por lo que aprovechó para dejar de lado al experimentando Valdivia Calderón para poner en su lugar a una fiscal de Trujillo, en la región La Libertad, que hasta febrero veía casos civiles, Marena Mendoza Sánchez.
Así llegamos al día de hoy. La fiscal de la Nación vuelve a intervenir para centralizar todas las investigaciones en Lima, al crear un equipo especial de fiscales para casos de víctimas de las protestas. Además, este grupo de trabajo tiene fecha de caducidad: junio del 2023. Tal vez, buscando evitar que surgan liderazgos que se resistan al poder y cobren estabilidad en función a su labor.
Los equipos especiales son hoy lo que durante la dictadura de Alberto Fujimori, de los años 90, fueron las fiscalías ad hoc. Mejoradas y corregidas.
Es decir, fiscales provisionales elegidos a dedo por la Fiscalía de la Nación para investigar a dedicación exclusiva un caso, por un plazo determinado, lo que los hace altamente dependientes de quien dirige la institución, y a través de este del poder político de turno.
Para evitar la inestabilidad en el cargo, la dependencia del poder y mantener la especialización, a partir del año 2001, el Ministerio Público creó las fiscalías especializadas por tipo de delitos: crimen organizado, corrupción, derechos humanos y terrorismo, lavado de activos, trata de personas, etc.
Sin embargo, poco a poco se está regresando al sistema de fiscales ad hoc, dejando de lado a los fiscales especializados, que son titulares, para preferir a provisionales de confianza del fiscal de la Nación, que pueden ser fácilmente removidos del cargo.
Equipo especial
El nuevo equipo especial estará dirigido por la fiscal superior Marena Mendoza, en adición a sus funciones como coordinadora de las Fiscalías de DDHH e Interculturalidad.