El dinero se depositaba en la cuenta de un sobrino de la congresista que no tiene cargo en el Congreso.

El programa Punto Final, transmitió un reportaje donde se señala congresista Rosío Torres de la bancada de Alianza para el Progreso habría obligado a sus trabajadores de su despacho congresal a depositar parte de sus sueldos a una cuenta bancaria que pertenece a un sobrino.  

Las cuentas pertenecen a Juan Daniel Pérez Guerra, que es sobrino directo de la Rosío Torres y que, a pesar de no trabajar oficialmente con su tía, ingresa al Congreso con mucha frecuencia.

En las personas que denuncia a la congresista están: Cecilia Salazar Mattos, asesora de la congresista Torres entre julio del 2021 y agosto del 2022. Ella señala que durante el tiempo que estuvo trabajando con Torres ella transfirió dinero por alrededor de S/ 24,562.

Jesús Sierra Tapia, asesor principal de la congresista, fue otra de los denunciantes. Él señala que, en junio, transfirió S/ 4,400 a la cuenta de Juan Pérez Guerra. Otra persona lo hizo por S/ 6,850, mientras que hay otros depósitos de S/1,000 y S/ 2,000.

Las “colaboración” obligatorias tenían que ser de hasta un tercio del sueldo de cada uno de los trabajadores y, en los meses en que el Congreso pagaba gratificación o escolaridad, la cifra se duplicaba.

Un reportero del programa abortó a la congresista en Los Pasos Perdidos para mostrarle una foto de Juan Pérez Guerra y preguntarle si lo conocía. Visiblemente nerviosa, Rosío Torres contestó unas preguntas pero desapareció detrás de un puerta.

Después, sin que se diera cuenta que la estaban filmando con una cámara de televisión borró el historial de las conversaciones que había sostenido con su sobrino por WhatApp.

Sin darse cuenta que era grabada, Torres le escribió luego a su sobrino: “Han estado armando esto hace tiempo. Le tengo al enemigo en la oficina”.

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