En el país austral se habla de lesa humanidad, pero esa figura no se podrá aplicar en el Perú por ser retroactiva.

Cuando el pasado sábado 15 de junio Alberto Fujimori se afilió al Partido Político Fuerza Popular, la primera impresión fue que el objetivo del exmandatario era postular a la Presidencia de la República en las próximas elecciones del 2026.

Sin embargo, el último martes sus planes al parecer se vinieron abajo luego de que la jueza Andrea Muñoz Sánchez, de la Corte Suprema de Chile, aprobara en primera instancia la ampliación de su extradición, para que sea procesado por la justicia peruana al parecer por nuevos casos.

Esta ampliación, por las que el exmandatario podría ser procesado y juzgado por el Estado peruano, incluye cinco casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. Uno de ellos es por las esterilizaciones forzadas durante su gobierno, así como los homicidios, en especial uno, el de durante el rescate de los rehenes de la Embajada del Japón en Lima en 1997 y las masacres realizados por el Grupo Colina, entre otras investigaciones.

En su resolución, la jueza chilena Andrea Muñoz ha dado curso a la petición en contra de Fujimori por cinco graves presuntos delitos de acuerdo con el tratado sobre extradiciones suscrito entre Chile y  Perú además de tres convenciones internacionales, entre ellas la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belém do Pará.

Asimismo, la jueza amplió la extradición de Fujimori por delitos contemplados en otros cuatro capítulos, que consideró también como flagrantes violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles, al parecer desde el punto de vista de la jueza penal chilena: los secuestros y homicidios de miembros de seis integrantes de la familia Ventocilla; uno durante el rescate de los rehenes de la Embajada del Japón en Lima; homicidios y lesiones en el caso del penal Miguel Castro Castro y secuestros agravados de un grupo de militares.

Falta segunda votación

Sin embargo, este fallo aún está pendiente de una segunda revisión por parte de la sala penal de la Corte Suprema, que analizará el caso en un plazo de cinco días.

En esa consulta podrán revisarse los otros tres capítulos que la jueza rechazó: malversación de fondos públicos, pues se consideró que habría prescripción; asociación ilícita para delinquir y revelación de secreto y suministro ilegal de armas de fuego a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, pero todo indica que están prescritos.

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